ACTOS DE COMUNICACIÓN JUDICIAL  

 

Todas las resoluciones judiciales, provengan del Juez o del Secretario, están destinadas a ser dadas a conocer a las partes y a los interesados a quienes se refieran o puedan deparar algún perjuicio. En este sentido, matiza IGLESIAS GARCIA, que «de la comunicación formal de la resolución judicial de que se trate, se hace depender la eficacia de ésta, y constituye una garantía tanto  para la Administración de Justicia como para los ciudadanos. Para éstos, porque  es la manera de conocer exactamente el acto que les afecta y poder reaccionar, en su caso, contra él. Para los órganos judiciales también, para saber a qué  atenerse, porque de la comunicación depende la eficacia y también la firmeza de la resolución si no es recurrida en plazo, y a partir de ella ha de examinarse el transcurso de los plazos y términos procesales». Los actos procesales por  los que el órgano jurisdiccional pone en conocimiento o da noticia a los litigantes o sus representantes procesales una resolución judicial se denominan actos de comunicación judicial o también genéricamente, notificaciones.

La importancia de los actos de comunicación dentro del proceso contradictorio, pese a la aspereza y sequedad del tema, ha sido reiterada en numerosas ocasiones por el Tribunal Constitucional, toda vez que los derechos de las partes -incluso los más relevantes- «dependen en gran medida de la corrección formal y de la  eficacia material de dichos actos, hasta el punto de que puedan afectar al  derecho fundamental a la tutela efectiva».

En efecto, como tienen declaradas, entre otras, las Sentencias del Tribunal Constitucional 36/85 de 25 de marzo y  115/88 de 10 de junio «los derechos al proceso debido y a la defensa dentro del  mismo, exigen, entre otras manifestaciones, la de tener que llamar como parte en cualquier procedimiento a toda persona legitimada, por poseer derechos o intereses legalmente otorgados para constituirse en parte procesal y poder oponerse contradictoriamente a las pretensiones adversas. Esta llamada debe ser efectiva por medio de una comunicación real al interesado, dado que la finalidad de los actos de comunicación procesal consiste en llevar al conocimiento personal de los litigantes las decisiones judiciales y resoluciones judiciales, así como otras circunstancias del proceso, al objeto de que puedan adoptar la conducta procesal oportuna». En el mismo sentido se manifiesta la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1997 de 10 de febrero al señalar que los actos de  comunicación son una exigencia ineludible para que el curso normal del proceso contradictorio quede asegurado y, en consecuencia, su defectuosa práctica o su  pura omisión pueden vulnerar el derecho de defensa. Y es precisamente en esta línea interpretativa -la de la búsqueda de la eficacia real de los actos de comunicación-, donde intenta poner su acento la nueva Ley de Enjuciamiento Civil, aclarando en su Exposición de Motivos que con la regulación de los mismos se pretende que, en su propio interés, los litigantes y sus representantes  asuman un papel más activo y eficaz, descargando de paso a los tribunales de un  injustificado trabajo gestor y, sobre todo, eliminando «tiempos muertos», que retrasan la tramitación».

La regulación de los actos de comunicación judicial se halla contenida en el Capítulo V del Título V del Libro I de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 149 a 168), si bien persiste -en tanto en cuanto no sea modificada- la vigencia de los arts. 270 a 272 de la Ley orgánica del Poder Judicial, relativos a las notificaciones. Con esta nueva regulación se pretende sustancialmente  evitar la indebida tardanza en la resolución de no pocos litigios por la aplicación de un sistema de notificaciones de carácter decimonónico, otorgándose un claro protagonismo a los Procuradores y a sus respectivos colegios profesionales, sobre los que se les hace recaer el peso del funcionamiento eficaz del servicio de notificaciones. Igualmente, y en orden a las  notificaciones domiciliarias, se parte de una configuración amplia del concepto de domicilio, entendiéndose como tal no sólo los que consten en el padrón o entidades o Registros públicos, sino también incluso el del trabajo no ocasional. En general, puede afirmarse que la nueva regulación constituye un decidido intento de avance, si bien no exento de los problemas y defectos que adolecía el sistema anterior. Y aunque, como tendremos ocasión de ver, se regula en esta materia la aplicación de las nuevas tecnologías es ésta todavía una regulación tímida y excesivamente precavida.

Por último, no debe olvidarse que dada la voluntad del legislador por convertir a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la ley procesal común a todos los órdenes jurisdiccionales (Parágrafo V de la Exposición de Motivos), el sistema de actos de comunicación previsto se aplicará al resto de los órdenes jurisdiccionales con carácter complementario y, en todo caso, supletorio (art. 4 de la nueva LEC).

 

CLASES DE ACTOS DE COMUNICACION JUDICIAL

 

El mencionado Capítulo V del Título V del Libro I de la nueva Ley de

Enjuiciamiento Civil no recoge la clásica diferenciación de los actos de comunicación, consistente en distinguir actos de comunicación con otros Tribunales (exhortos), actos de comunicación con otros órganos públicos (mandamientos, oficios y exposiciones) y actos de comunicación con las partes y otros sujetos (notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos). En el citado Capítulo -y sin distinguirse entre ellos- se regulan los dos últimos tipos de actos de comunicación expresados. Los actos de comunicación con otros Tribunales, o sea el auxilio judicial, son regulados en el Capítulo VI del referido Título (arts. 169 y siguientes de la LEC) en clara coherencia sistemática con las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 273 y siguientes).

De conformidad con el art. 149 de la nueva LEC los actos procesales de comunicación del Tribunal serán:

1.° Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación.

2.º Emplazamientos, para personarse y para actuar dentro de un plazo.

3.° Citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar.

4.º Requerimientos para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad.

5.º Mandamientos, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los registradores de la propiedad, mercantiles, de buques, de venta a plazos de bienes muebles, notarios, corredores colegiados de comercio o agentes del Juzgado o Tribunal.

6.º Oficios para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios

distintos de los mencionados en el número anterior.

Los cuatro primeros (notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos) constituyen actos de comunicación con las partes y otros sujetos intervinientes en el proceso (testigos y peritos). Los dos últimos conforman los clásicos actos de comunicación con organismos públicos de naturaleza no jurisdiccional.

Es de agradecer la conceptuación legal de los actos de comunicación judicial -inexistente en la antigua Ley-, dado que con ello se logra delimitar el alcance, objeto y eficacia del mismo. Igualmente constituye un acierto la erradicación de las antiguas exposiciones, -inexistentes en la práctica- que eran usadas por los Jueces y Tribunales para dirigirse a autoridades de distinto orden, reservándose los oficios -en sentido estricto- para comunicarse con funcionarios de otro orden no investidos de autoridad, tal y como se deducía del  art. 298 de la antigua LEC. La unificación en un sólo acto -oficios- evita confusión y se ajusta más a la realidad social de la actuación judicial.

 

 TIEMPO DE LA COMUNICACIÓN

 

El art. 260 de la antigua LEC ordenaba que -con carácter general- las notificaciones se practicaran en el mismo día de su fecha o publicación, y, no siendo posible, en el siguiente. Se trataba de una norma de muy difícil cumplimiento, inspirada en la actuación judicial propia del momento en que fue promulgada la Ley y que, a pesar de la instauración de los Servicios Comunes de Notificaciones a partir de 1985, no lograba alcanzar el efecto deseado de evitar los «tiempos muertos» producidos durante la realización de los actos de comunicación.

El art. 151 de la nueva LEC, más acorde con la realidad jurisdiccional, dispone en su apartado 1.º que «todas las resoluciones judiciales y las diligencias de ordenación se notificarán en el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación» añadiendo una importante novedad con respecto al dies a quo del cómputo de los plazos procesales. En efecto, el apartado 2.º del mencionado artículo señala que «los actos de comunicación a la Abogacía del Estado y al  Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia». La razón de ser de esta medida no es sino que la de conceder un día de «burocracia» o «reparto» a los distintos servicios para que la resolución llegue al profesional que realmente interviene en el asunto. Obsérvese, no  obstante, que la nueva LEC no ha incluido en dicha medida ni a los Servicios Jurídicos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales ni a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, si bien, a la luz de los Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de  sistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, podría aceptarse la aplicación analógica de la misma.

Como es lógico, dichos actos de comunicación deberán practicarse en los días y horas hábiles (art. 130.1 LEC), debiéndose tener en cuenta que para los actos de comunicación se considerarán horas hábiles, no sólo las que medien desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, sino también las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche (apartado 3.º del art. 130 LEC).

La diligencia de comunicación practicada fuera del tiempo establecido sólo podrá anularse si lo impusiere la propia naturaleza del término plazo (art. 229 de la  nueva LEC). Sin embargo, cuando el destinatario del acto de comunicación se hubiera dado por enterado en el asunto, y no denunciase la nulidad de la diligencia en su primer acto de comparecencia ante el tribunal, surtirá ésta desde entonces todos sus efectos, como si se hubiere hecho con arreglo a las disposiciones de la LEC (art. 166.2 de la nueva LEC).

 

NOTIFICACIONES

 

1. Concepto y objetivo

 

Con carácter general, con la expresión notificaciones la doctrina tradicionalmente venía refiriéndose no a una especie de acto de comunicación en concreto, sino al género en el que están comprendidos el resto de las especies de dichos actos (emplazamientos, citaciones y requerimientos). No obstante, en sentido estricto, el legislador venía restringiendo el concepto de notificación a aquel acto procesal consistente en la mera comunicación de una resolución judicial o diligencia de ordenación, de la que no deriva directa ni inmediatamente ninguna actuación de los litigantes o de terceros (cfr. arts 270 y siguientes de la LOPJ y arts. 260 y siguientes de la antigua LEC).

Manteniendo su línea interpretativa restrictiva la nueva LEC utiliza el término notificación limitándolo a aquella especie de acto de comunicación que tiene por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación (art. 149.1).

Constituye, por tanto, el objeto de la notificación, a tenor del art. 150 de la

LEC, las resoluciones judiciales (cfr. art. 245 LOPJ y 206 y siguientes de la nueva LEC) y las diligencias de ordenación (cfr. arts. 288 y siguientes LOPJ). En un sentido amplio, son susceptibles igualmente de notificación las propuestas de resolución a las que se refieren los arts. 290 y 291 de la LOPJ, mientras éstas pervivan y en tanto en cuanto no se modifique la referida LOPJ.

 

2. Sujetos intervinientes en la notificación

 

Los sujetos que intervienen en la práctica de la notificación son el funcionario competente para la misma y los destinatarios del acto de comunicación.

a) Funcionario competente para la práctica de la notificación. El apartado 3.º del art. 279 de la LOPJ, en concordancia con el art. 7.b) del Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, dispone que corresponderá a los Secretarios Judiciales la práctica de las notificaciones y demás actos de comunicación.

En desarrollo de estas normas, la anterior LEC hacía recaer todo el peso de la notificación sobre el Secretario Judicial (art. 262 de la antigua LEC), quien podía, no obstante, habilitar a uno o más oficiales de justicia para la realización de dichos actos de comunicación (art. 282 LOPJ y art. 9 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales). La práctica de la notificación por funcionario diferente al señalado determinaba la nulidad de la misma, de conformidad con el art. 279 de la antigua LEC.

La nueva LEC, más acorde con la realidad jurisdiccional actual, dispone que los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario Judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio, añadiendo que tales actos se efectuarán materialmente por el propio Secretario Judicial o por el funcionario que aquél designe (art. 152.1 LEC). Por tanto, a la luz de lo previsto en los arts 485 a 487 de la LOPJ y en el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los Cuerpos de oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia -arts. 3.d), 9.d) y 15.2.c)- los funcionarios susceptibles de dicha designación pueden serlo los oficiales, los Auxiliares y los Agentes de la Administración de Justicia, siendo éstos los responsables directos del buen fin de la comunicación, puesto que, si por malicia o negligencia, dieren lugar a retrasos o dilaciones indebidas serán corregidos disciplinariamente e incurrirán además en responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionaran (art. 168.1 de la nueva LEC), pudiéndose reclamar dicha responsabilidad, a mi juicio, como cuestión incidental dentro del proceso principal en que se produjera.

 

b) Destinatarios de la notificación. Los destinatarios de la notificación son, generalmente, las partes (art. 150.1 LEC).

En el supuesto de que las partes sean personas físicas la práctica de la notificación no ofrecerá graves problemas, siempre y cuando el demandante haya identificado claramente al demandado, indicando (en la demanda) cuantos datos conozca del mismo y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, fax o similares (art. 155.2 pfo. 2 nueva LEC). Sí ofrecerá mayor complejidad la comunicación con las personas jurídicas, sobre las que «se sigue sin establecer la persona que puede legítimamente recoger las comunicaciones, y los deberes que tienen al respecto los empleados, y si es necesario que las reciba el representante legal o no».

Pero también se hará la notificación a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley (art. 150.3). Con esta última expresión, la nueva LEC amplía el ámbito subjetivo de la notificación dado que no queda circunscrito exclusivamente, como ocurría en el anterior sistema, a las personas a quienes se refieran o puedan deparar perjuicio.

Novedad importante de la nueva Ley es la introducida por el apartado 2 del art. 150, que ordena «por disposición del tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la sentencia que en su momento se dictare». La finalidad de esta norma no es sino hacer efectivo el derecho a la tutela judicial, posibilitando la intervención en el proceso de sujetos, que aun no siendo partes, puedan ver afectados sus derechos e intereses legítimos por la sentencia que ponga fin al procedimiento. En este sentido, los arts. 13 al 15 de la LEC regulan la intervención adhesiva litisconsorcial y la intervención provocada, siendo dichos sujetos, por tanto, los destinatarios de la notificación a la que se refiere el apartado 2 del art. 150 de la LEC.

 

3. Formas de practicar la notificación

 

Frente al sistema previsto en la legislación anterior, en el que tras la reforma operada por la Ley 34/84 prevalecía el sistema de notificación por correo con acuse de recibo, la nueva LEC otorga una especial relevancia a los Procuradores de los Tribunales, que -según la Exposición de Motivos-, por su condición de representantes de las partes y de profesionales con conocimientos técnicos sobre el proceso, están en condiciones de recibir notificaciones de todas clases,

incluso las de sentencias que se refieran a su parte y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante (arts. 28 y 153 LEC). Sólo en el supuesto de que las partes no estén personadas o no estén representadas por procurador se acudirá a las otras formas de notificación previstas en la LEC.

Por tanto, para lograr una mayor claridad en la exposición, es preciso distinguir las comunicaciones realizadas por medio de procurador y las realizadas personalmente a las partes para concluir con el supuesto especial de notificación por edictos.

 

a)      Notificación por medio de Procurador

 

Se utilizará este sistema cuando las partes estén personadas en juicio y debidamente representadas por medio de Procurador, pues es su obligación firmar las notificaciones de todas clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante, sin que le sea lícito (al procurador) pedir que se entiendan con éste -arts. 28 y 153 de la LEC-.

En tales supuestos la notificación se hará o bien en la sede de Tribunal (ya sea en la propia Secretaría del órgano jurisdiccional ya sea en las dependencias del Servicio Común de Notificaciones, en las poblaciones donde esté establecido (-art. 163 de la LEC-) o bien en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores (el comúnmente llamado «Salón de Procuradores») -art. 154 de la LEC-. Toda vez que es una obligación legal del procurador recibir y firmar todas las notificaciones que deban hacerse a su poderdante, se suprime la posibilidad que contemplaba el art. 265 de la antigua LEC de notificación domiciliaria al Procurador.

Aunque la Ley no es clara en este sentido, la notificación consistirá en la entrega de la copia de la resolución o diligencia de ordenación que se haya de notificar, debiendo el Procurador firmar la diligencia que para acreditar la entrega se extenderá por el funcionario notificador en otro ejemplar de la resolución. Así debe deducirse del propio art. 154 de la LEC en relación con el art. 280.2 de la LOPJ. Se elimina, por tanto, el anacronismo que suponía la exigencia de lectura íntegra de la resolución y que, en la práctica, había caído en desuso.

Cuando la notificación se haga en el servicio común de recepción organizado por

el Colegio de Procuradores, se remitirá a dicho servicio, por duplicado, la

copia de la resolución, de las que el procurador recibirá un ejemplar y firmará

otro que será devuelto al Tribunal por el propio servicio (art. 154.2). Señala IGLESIAS GARCIA que, en caso de incomparecencia del Procurador en este servicio, las notificaciones por cédula se practicarán con empleado del Colegio de

Procuradores, bajo la responsabilidad de esta corporación. Ante la insuficiencia de regulación al respecto -el servicio de recepción de notificaciones sólo es regulado en el art. 28.3 y 154.1 de la nueva LEC- parece aconsejable una resolución judicial autorizando dicha forma de notificación en la que se incluyan los apercibimientos legales que correspondan.

 

b)      Notificación personal a las partes

 

Se utilizará este sistema cuando las partes

no estén personadas en juicio o no se encuentren representadas por Procurador -art. 155 de la LEC-.

En estos supuestos, como regla general, la notificación se hará por remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado (art. 152.1.2.ª de la LEC) y, sólo en los supuestos en que no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido la

comunicación, se practicará la diligencia mediante entrega personal al destinatario en la sede del órgano judicial o en su domicilio (así se deduce de la interpretación conjunta de los arts. 152, 158 y 161 de la LEC).

Es preciso, por tanto, examinar ambos supuestos separadamente:

 

1. Notificación por correo, telegrama u otros medios semejantes. De conformidad

con el art. 155 de la LEC la remisión deberá efectuarse al domicilio de los

litigantes.

En este sentido, la nueva LEC ha efectuado una configuración amplia del concepto de domicilio, con el fin de dotar de una mayor eficacia a los actos de comunicación, a costa de las garantías de los justiciables, según veremos más adelante.

Así, el domicilio del demandante será el que se haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso (art. 155.2 de la LEC). El domicilio del demandado será aquel o aquellos que designe el demandante en su primer escrito. Si designara varios, deberá el demandante indicar el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación (art. 155.2 de la LEC). El demandado, una vez comparecido, podrá designar para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto del designado por el actor.

A efectos de la notificación, el actor podrá designar como domicilio el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión por las que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional (art. 155.3 de la LEC).

Si el demandante manifestare que le es imposible hacer dicha designación, por el órgano jurisdiccional se realizarán las oportunas averiguaciones para determinar el domicilio del demandado y si éstas resultaran infructuosas, la comunicación se llevará a cabo por edictos (art. 156 LEC), comunicándose asimismo el nombre del demandado y demás circunstancias que consten en el Registro Central de Rebeldes Civiles, al que podrá acudir cualquier órgano jurisdiccional para comprobar si el demandado consta en dicho registro, en cuyo caso podrá acordar directamente la comunicación edictal del demandado (art. 157 LEC).

Cuando proceda la notificación por correo certificado, telegrama u otros medios semejantes se remitirá copia de la resolución o diligencia de ordenación a

notificar, dando fe el Secretario Judicial en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido y, uniendo a aquéllos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción (art. 160.1 LEC).

A instancia de parte y a costa de quien lo interese, podrá ordenarse que la remisión se haga de manera simultánea a varios lugares de los previstas en el apartado 3 del art. 155 (ya analizado «ut supra») -art. 160.2 LEC-, surtiendo plenos efectos la comunicación en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepción por el destinatario (art. 155. 4 pfo. 1.º «in fine» de la nueva LEC).Al igual que ocurría con el anterior sistema, la nueva LEC, con el propósito de  liviar las tareas de los funcionarios de la Administración de Justicia, disminuye con esta forma las garantías de los justiciables, pues, aparte de las deficiencias del actual servicio postal, no queda suficientemente regulada la figura del receptor material de la comunicación postal. Se echa en falta en este sentido una norma análoga al art. 56. 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, según la cual, en el exterior del sobre constarán las advertencias legales dirigidas al receptor para el caso de que no fuera el interesado.

En el sistema de la anterior LEC, en talessupuestos la entrega debería hacerse a alguna de las personas mencionadas en el art. 268 de la misma (pariente, familiar, empleado o vecino), lo que había originado no pocos problemas derivados de las dificultades de identificación posterior del presunto firmante así como ante la negativa de recepción por parte del interesado. Como advertían BROCA y MAJADA, «la notificación es sólo aparente, pues no está identificada la persona que la suscribe, ni tampoco la relación que pueda tener con el interesado, destinatario de la diligencia, con lo que se incumple la exigencia, que no es sólo de forma, sino de garantía, para evitar posibles indefensiones, de expresar la realidad de la falta de coincidencia entre el receptor del envío y su verdadero destinatario». Ello había dado origen a que un buen número de sentencias del Tribunal Constitucional otorgasen el amparo solicitado por quebranto de los requisitos legales y formales de las notificaciones no realizadas personalmente al interesado. Así, la STC 41/1989 de 16 de febrero, señalaba que tales requisitos «no pueden eludirse por hecho de realizarse la notificación por correo certificado con acuse de recibo» pues tal forma requiere para que surta efectos legales las mismas garantías de seguridad y certeza sobre la personalidad de quien recibe la notificación.

La nueva LEC no regula la recepción de la notificación por correo por persona distinta del interesado, dado que de conformidad con el art. 158 procederá la notificación mediante entrega personal al interesado cuando no pudiera acreditarse que el destinatario (es decir, el litigante -no sus familiares o vecinos-) ha recibido la comunicación. Si bien, una interpretación literal de dicho precepto, parece restringir la notificación mediante entrega a dos supuestos únicamente: cuando la comunicación tenga por finalidad la personación en juicio (el primer emplazamiento) o cuando tenga por finalidad la intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales, por lo que, en principio, será válido y surtirá plenos efectos la comunicación siempre que conste que se ha recibido en el domicilio designado, cualquiera que sea su receptor, reproduciéndose así -con mayor fuerza aún- los defectos que adolecía la anterior Ley y que derivarán en no pocos recursos de amparo constitucional ante la indefensión causada en determinados supuestos: negativa del tercero ha hacerse custodio del correo certificado dirigido a un tercero, dificultades para la adecuada identificación posterior del presunto receptor, etc.

Por otro lado, y en aras de la seguridad procesal, no veo obstáculo a la posibilidad de designar como domicilio alternativo a efectos de notificaciones el despacho del abogado que intervenga en el pleito (cuando su intervención no sea preceptiva) si la finalidad de la comunicación es distinta de los supuestos contemplados en el art. 158, posibilitando así una más rápida reacción frente a la resolución notificada y una mayor seguridad en la recepción de la comunicación.

 

2. Notificación mediante entrega personal al destinatario.

 

 La notificación mediante entrega personal al destinatario se utilizará -tal y como hemos indicado- cuando no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación que tenga por finalidad la personación en juicio (primer emplazamiento) o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales (art. 158 de la LEC) y se efectuará bien en la sede del tribunal o bien en el domicilio de la persona que deba ser notificada (art. 161.1 de la LEC), debiendo, por tanto, distinguir ambos supuestos.

 

2.1. Notificación personal en la sede del Tribunal.

 

 Aunque la Ley no dice nada al respecto, parece lógico entender que se utilizará este sistema cuando el destinatario comparezca oportunamente en la sede del Tribunal, a cuyo fin, si tuviere su domicilio en el partido donde radique la sede del mismo, podrá remitírsele por correo certificado o telegrama con acuse de recibo o por cualquier otro medio semejante, y siempre que no se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o la realización o intervención personal en las actuaciones, cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en dicha sede a efectos de ser notificado, debiendo expresar dicha cédula con la debida precisión el objeto para el que se requiere la comparecencia, indicando el procedimiento y el asunto al que se refiere, con la advertencia de que si no comparece sin causa justificada se tendrá por hecha la comunicación de que se trate (art. 160.3 de la LEC).

En tales casos, la notificación consistirá en la entrega de la copia de la resolución o diligencia de ordenación a notificar, debiendo documentarse la entrega por medio de diligencia que será firmada por el Secretario Judicial o funcionario que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar (art. 161.1 de la LEC). No se prevé en el nuevo sistema disposición normativa alguna respecto a la imposibilidad o negativa a firmar por parte del destinatario que comparezca oportunamente en la sede del órgano judicial.

Entendemos que en estos casos, deberá hacerse constar dicha imposibilidad o negativa en la diligencia de entrega, que firmará únicamente el funcionario notificador, produciéndose los efectos propios de la comunicación.

 

2.2. Notificación personal en el domicilio del destinatario.

 

Se utilizará esta forma cuando el interesado no comparezca oportunamente en la sede del Tribunal o se trate de comunicaciones que tengan por finalidad la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales.

En este supuesto, es preciso distinguir si el destinatario es hallado o no en su domicilio durante la diligencia en busca para practicar la notificación.

 

Si el destinatario es hallado en su domicilio, la notificación consistirá en la entrega de la copia literal de la resolución o diligencia de ordenación a notificar, documentándose la entrega por medio de diligencia que extenderá el funcionario notificador y que deberá ser firmada por éste y por el destinatario (art. 152.1.3.ª en relación art. 161.2 de la LEC). Si el destinatario se niega a recibir la copia de la resolución o no quisiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario notificador le amonestará de la obligación que le impone la Ley para recibirla y de firmar la diligencia de entrega. Si persistiera en su negativa, el funcionario actuante le hará saber que la copia de la resolución queda a su disposición en la Secretaría del

Juzgado, produciéndose los efectos de la notificación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia (art. 161.2). Constituye un gran acierto esta disposición, ya que con ello se evita dilatar fraudulentamente el curso del proceso en orden al cómputo de los plazos procesales y, sobre todo, en materia de ejecución de sentencias. No se prevé, por el contrario, los efectos por la imposibilidad material de firmar por parte del destinatario aunque la solución en este sentido es idéntica a la expresada más arriba: se hará constar dicha

imposibilidad en la diligencia, que firmará únicamente el funcionario notificador, produciéndose los efectos propios de la comunicacion.

Si en la diligencia en su busca el destinatario no es hallado en su domicilio

las soluciones a las que llega la Ley son distintas según cual sea el domicilio en el que se esté practicando la misma. Si el lugar donde se ha constituido el funcionario es el domicilio que figura en el padrón municipal, el de efectos fiscales o el que figura en Registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, la notificación se efectuará mediante entrega de la copia literal de la resolución o diligencia de ordenación a notificar a cualquier empleado o familiar, mayor de catorce años que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere (el orden no es de prelación -como el que establecía el art. 268 de la antigua LEC- sino opcional, a juicio del funcionario), advirtiéndole al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución al destinatario de la misma o darle aviso si sabe su paradero art. 161.3 de la LEC). Se suprime la antigua prevención de multa para el caso de incumplimiento de esta obligación.

Si el lugar de constitución del funcionario actuante es el del domicilio de trabajo no ocasional y el destinatario no fuere hallado, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquél o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella (art. 161.3. pfo 2.º de la LEC).

En ambos supuestos, la entrega se documentará por diligencia, en la que se harán constar las siguientes circunstancias: nombre del destinatario, fecha y hora en

que fue buscada y no hallada en su domicilio, nombre de la persona que recibe la copia de la resolución y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación realizada (art. 161.3. pfo. 3.° de la LEC).

No se exige, pues, que el receptor distinto del destinatario deba firmar la diligencia de entrega ni se prevén los efectos procesales ante la negativa a recibir la copia de la resolución. La práctica forense determinará el alcance y consecuencias de estas graves omisiones.

 

2.3. Notificación negativa.

 

 Dispone el apartado 4 del art. 161 de la LEC que en el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para la práctica de un acto de comunicación, el Secretario Judicial o funcionario designado procurará averiguar si vive allí su destinatario.

Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, éste se consignará en la diligencia negativa de comunicación.

Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se procederá a la averiguación del domicilio de conformidad con lo establecido en el art. 156 de la LEC.

La inconcreción de este precepto es alarmante ¿A qué personas debe consultar el

funcionario actuante? ¿A los vecinos? ¿Al conserje? ¿Deben figurar en la diligencia negativa las circunstancias de estas personas? ¿Deben firmar la diligencia? Sólo la practica forense y la interpretación jurisprudencial del precepto logrará concretar el alcance y significación de las diligencias negativas.

 

3. Notificación edictal.

 

 A tenor del art. 164 de la LEC, se utilizará esta forma

-como último y extremo recurso- en los siguientes supuestos:

- Cuando no pudiere conocerse el domicilio del destinatario, una vez practicadas las averiguaciones a las que se refiere el art.156 de la LEC.

- Cuando no pudiera hallarse al destinatario ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos de conformidad con las anteriores formas.

- Cuando así lo acuerde el Juzgador por constar el destinatario inscrito en el Registro Central de Rebeldes Civiles.

En todos estos supuestos, el Tribunal, mediante providencia, consignará estas circunstancias y mandará que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución en el tablón de anuncios del Juzgado o Tribunal.

La nueva LEC ha recogido en esta normativa la reiterada doctrina del TC y del TS en materia de comunicación edictal, sentada, entre otras, en las STC 100/1997,

de 20 de mayo. En este sentido, ha manifestado nuestro TC (en Sentencias

36/1987, 316/1993 y 29/1997) que el emplazamiento hecho en edictos ha de

entenderse como un remedio último, de carácter supletorio y excepcional, al que

sólo cabe acudir cuando, desconociendo el domicilio, el órgano judicial llegue a una convicción razonable sobre la imposible localización del demandado, una vez la oficina judicial ha agotado los medios ordinarios a su alcance para averiguar su paradero (SSTC 157/1993, 193/1991 y 108/1994, entre otras).

Constituye, por lo demás, un claro acierto la supresión de la obligatoriedad de inserción de la resolución en los diarios oficiales, que sólo ocasionaban una injustificada dilatación temporal del procedimiento y un aumento de los costes del proceso, que debía soportar preceptivamente la parte a quien interesaba la notificación. El pfo. 2.º del art. 164 de la LEC -sensible a esta situación- establece: «Sólo a instancia de parte, y a su costa, se publicará en el Boletín oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma, en el Boletín oficial del Estado o en un diario de difusión nacional o provincial».

 

4. Supuesto especial: notificación por medios electrónicos, informáticos y

Similares

 

Acorde con los tiempos que vivimos y con la expansión que han tenido (y que todavía tienen que tener) las nuevas tecnologías, especialmente en el campo de la informática, la nueva LEC posibilita la práctica de los actos de comunicación a través de medios  telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, siempre que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron (art. 162).

Para ello, las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar al órgano jurisdiccional el hecho de disponer de dicho medios así como su dirección. A su vez, en el Ministerio de Justicia se constituirá un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y de las direcciones correspondientes a los organismos públicos (incluidos -claro está- los Juzgados y Tribunales).

Ahora bien, cuando la autenticidad de las resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por dichos medios sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, aquellos habrán de aportarse o transmitirse a las partes e interesados de modo adecuado a dichos procedimientos o en la forma prevista con carácter general.

 

5. Notificación al rebelde

 

El art. 497 de la nueva LEC sustituye al antiguo régimen de notificaciones en estrados simplificando acertadamente el sistema, dado que sólo se notificarán al rebelde la resolución que así lo declare y la que ponga fin al proceso. El resto de resoluciones interlocutorias que se dictaren durante la tramitación del proceso (sean autos o providencias) no serán notificadas al declarado rebelde, lográndose con ello un ahorro considerable en el tiempo de tramitación del proceso.

De conformidad con el precepto citado, la resolución que declare la rebeldía se notificará al demandado por correo, si su domicilio fuere conocido y, si no lo fuere, mediante edictos (es decir, fijando la copia de la resolución en el tablón de anuncios del Juzgado o Tribunal). No aclara la Ley si en el supuesto domicilio desconocido (o no designado por el actor) del declarado rebelde es preceptivo con carácter previo la realización de las averiguaciones a las que se refieren los arts. 156 y 157 de la LEC. Entendemos que, en aras a la evitación de indefensión del demandado y respetando su derecho a la tutela judicial efectiva, el órgano judicial antes de la notificación por edictos deberá llevar a cabo las averiguaciones necesarias en orden a determinar el domicilio del demandado, acudiendo al Registro Central de Rebeldes Civiles en último extremo.

La sentencia o resolución que ponga fin al proceso se notificará al demandado rebelde personalmente en la forma prevista en el art. 161 (notificación mediante entrega personal al destinatario). Pero si el demandado se encuentra en paradero desconocido (por tanto, una vez que resulten infructuosos las averiguaciones tendentes a determinar su domicilio), la notificación se hará por medio de edicto, que se publicará en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el B.O.E. Lo mismo será de aplicación para las sentencias dictadas en apelación, en recurso extraordinario por infracción procesal o en casación (art. 497.2 de la LEC).

Como ha señalado IGLESIAS GARCIA, «es de resaltar que se suprime la notificación

en estrados, regulada en los arts. 281 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento

Civil (de 1881), para todas las resoluciones que se dicten a partir de la declaración de la rebeldía, con excepción de las ya mencionadas, suprimiendo lo que en la práctica no era más que una complicación burocrática sin la menor utilidad, que sin embargo al venir establecido por la Ley podía incluso acarrear la nulidad del procedimiento».

 

EMPLAZAMIENTOS

 

1. Concepto y objetivo

La doctrina es prácticamente unánime en definir el emplazamiento como el acto

procesal por el cual se comunica a las partes una resolución judicial que abre

un plazo para que puedan realizar durante él una determinada actividad procesal. El art. 149.2 de la LEC conceptúa los emplazamientos como los actos de comunicación que tienen como objeto personarse o actuar dentro de un plazo.

Consustancial al emplazamiento es, por tanto, la fijación de un plazo para actuar. Como dijo muy expresivamente HERCE QUEMADA, citación es a término lo que emplazamiento es a plazo.

 

2. Sujetos intervinientes en el emplazamiento

 

Los sujetos que intervienen en la práctica del emplazamiento son el funcionario competente para la práctica del mismo y el emplazado o destinatario.

Respecto al funcionario competente para la práctica del emplazamiento son de aplicación las mismas normas y las mismas consideraciones que las efectuadas más arriba en relación a las notificaciones, por lo que a ellas nos remitimos.

Los destinatarios del emplazamiento serán, generalmente, las partes (demandante y demandado). No obstante, la Ley no es clara en este sentido, dado que se refiere al destinatario de este acto de comunicación como «persona a quien se haga el emplazamiento» (cfr. art. 152.2 LEC), pudiéndose incluir dentro de esa expresión indeterminada no sólo a las partes, en sentido estricto, sino también a los intervinientes (cfr. arts. 13 al 15 de la LEC).

 

3. Formas de practicar los emplazamientos

 

Con carácter general, las formas de practicar los emplazamientos serán las mismas que hemos analizado para practicar las notificaciones, toda vez que la Ley no regula de manera individualizada la forma de practicar cada acto de comunicación en concreto, sino que las formas que regula el art. 152 son aplicables a todas las clases de actos de comunicación. Especial relevancia tendrá el emplazamiento para personarse en juicio, dado que -de conformidad con la doctrina sentada por el TC en Sentencia 192/1997, de 11 de noviembre- del art. 24.1 de la Constitución deriva la obligación que tienen los Jueces y

Tribunales de emplazar personalmente a quienes puedan comparecer como demandados, siempre que resulten conocidos e identificados a partir de datos que consten en las actuaciones judiciales.

Ahora bien, los emplazamientos se practicarán siempre por cédula que será entregada o remitida al destinatario (sea el Procurador o sea personalmente la parte o interviniente), en lugar de la copia de la resolución, documentándose, en su caso, dicha entrega por medio de diligencia, que será firmada por el Secretario Judicial o funcionario que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar (art. 161.1 pfo 2.º de la LEC). Cuando el  emplazamiento se haga en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores, se remitirá a dicho servicio la cédula por duplicado, de las que el Procurador recibirá un ejemplar y firmará otro que será devuelto al tribunal por el propio servicio (art. 154.2 LEC).

En los supuestos de emplazamiento edictal se fijará la cédula en el tablón de anuncios del Juzgado o Tribunal, en lugar de la copia de la resolución (art. 164 pfo. 1.º in fine).

La cédula de emplazamiento deberá expresar (art. 152.2 LEC):

1.º El Tribunal que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya

recaído.

2.º El nombre y apellidos de la persona a quien se haga el emplazamiento.

3.º El objeto del emplazamiento.

4.º El plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el

emplazamiento.

5.º La prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.

Un supuesto especial, contemplado en el apartado 3 del art. 160 de la LEC es el emplazamiento para la  notificación, requerimiento o traslado, que se practicará siempre por correo certificado o telegrama con acuse de recibo o por cualquier otro medio semejante. En efecto, de conformidad con el precepto citado, cuando el destinatario tuviere su domicilio en el partido donde radique la sede del Tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o la realización o intervención personal en la actuaciones, podrá remitirse cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en dicha sede a efectos de ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún escrito, debiendo expresar dicha cédula con la debida precisión el objeto para el que se requiere la comparecencia del emplazado, indicando el procedimiento y el asunto a que se refiere, con la advertencia de que, si el emplazado no comparece, sin causa justificada, dentro del plazo señalado, se tendrá por hecha la comunicación de que se trate o por efectuado el traslado.

 

CITACIONES

 

1. Concepto y objeto

Consiste la citación en el acto de comunicación por el que se hace saber a las

partes o a terceros no litigantes una resolución judicial que señala lugar, día y hora para la realización de un acto personal. En este mismo sentido es conceptuada la citación por el art. 149.3. de la LEC que la define como el acto de comunicación que determina el lugar, fecha y hora para comparecer y actuar.

 

2. Sujetos intervinientes en la citación

 

Los sujetos que intervienen en la práctica de la citación son el funcionario competente para la práctica de la misma y el citado o destinatario.

Respecto al funcionario competente para la práctica de la citación son de aplicación las mismas normas y las mismas consideraciones que las efectuadas más arriba en relación a las notificaciones, por lo que a ellas nos remitimos.

Los destinatarios de la citación pueden serlo o bien las partes o bien los testigos, peritos y otras personas que no sean parte en el juicio (cfr. art. 159 de la LEC).

 

3. Formas de practicar las citaciones

 

De igual forma que ocurría en la antigua LEC, la forma de practicar las citaciones difiere según los destinatarios sean o vayan

a ser parte en el proceso o sean testigos, peritos u otras personas que no sean parte en el juicio.

 

a)      Citación a las partes

 

Las formas de practicar las citaciones de las partes son las mismas que las examinadas para practicar las notificaciones, con la particularidad que se harán siempre por cédula, que será entregada o remitida a su destinatario, en lugar de la copia de la resolución, documentándose en su caso por medio de diligencia (arts. 152.2 y siguientes de la LEC).

La cédula de citación deberá expresar (art. 152.2 LEC):

1.º El Tribunal que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya

recaído.

2.º El nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación.

3.º El objeto de la citación.

4.º El lugar, día y hora en que deba comparecer el citado.

5.º La prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.

b) Citación de testigos, peritos y demás personas que no sean parte

De conformidad con el art. 159.1 de la LEC, la citación de testigos, peritos y

demás personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en él, se practicará, como regla general, por correo, telegrama u otros medios semejantes, remitiéndose la cédula al domicilio designado por la parte interesada y pudiendo

realizarse, en su caso, las averiguaciones del domicilio a que se refiere el art. 156.

Cuando conste en autos el fracaso de la comunicación mediante remisión o las circunstancias del caso lo aconsejen, atendidos el objeto de la comunicación y la naturaleza de las actuaciones que de ella dependan, el Tribunal ordenará que se practique la citación mediante entrega personal al destinatario, procediéndose con arreglo a lo dispuesto en el art. 161 de la Ley (art. 159.2).

Los destinatarios de estas citaciones tienen la obligación de comunicar al órgano jurisdiccional cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del proceso, a cuyo fin serán informados en la primera comparecencia que efectúen (art. 159.3 de la LEC).

 

REQUERIMIENTOS.

 

1.      Concepto y objetivo.

 

El requerimiento consiste en una intimación judicial a la persona a quien va dirigido para que, con o sin la fijación de un plazo determinado, realice o se abstenga de llevar a cabo una conducta. El art. 149.4 de la LEC lo conceptúa como el acto de comunicación consistente en ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad. Señala la doctrina  que el rasgo diferencial del

requerimiento estriba en su matiz coercitivo. No obstante, hay que señalar que

no se da, ni mucho menos, una perfecta y exacta distinción con las citaciones y

los emplazamientos. Es apenas diferenciable -señalan los profesores Andrés de la Oliva y Miguel Angel Fernández- una citación conminatoria de un requerimiento.

 

2.      Sujetos intervinientes en el requerimiento.

 

Los sujetos que intervienen en la práctica del requerimiento son el funcionario competente para la practica del mismo y el requerido.

a) Funcionario competente para la práctica del requerimiento. A diferencia de lo establecido en la antigua LEC, en la que el funcionario competente para la práctica de este acto de comunicación era, con carácter general, el Secretario, aunque en muchas ocasiones se atribuía también a la Comisión Judicial, constituida por el Secretario y el Agente Judicial (vid., v. gr., el art. 1.442

de la antigua LEC, referente al requerimiento de pago en el juicio ejecutivo),la actual LEC no es muy clara a la hora de determinar el o los funcionarios

competentes para la práctica del requerimiento, dado que, con carácter general, parece de aplicación el art. 152.1, siendo por tanto el funcionario competente

el Secretario Judicial o el funcionario que aquél designe.

Ahora bien, a la luz del art. 487 de la LOPJ (que atribuye a los Agentes Judiciales la ejecución de los embargos y lanzamientos) en relación con el art. 473.3 de la LOPJ (que atribuye a la responsabilidad del Secretario Judicial la recepción material de dinero o cheques), parece deducirse que cuando el

requerimiento sea de pago o de designación de bienes a embargar y se practique en forma personal, los funcionarios competentes para su práctica serán la Comisión Judicial, constituida por el Secretario Judicial u oficial habilitado y el Agente Judicial. El resto de los requerimientos se practicarán por los funcionarios previstos en el art. 152.1 de la LEC.

b) Destinatario del requerimiento. Por la propia naturaleza jurídica del requerimiento los destinatarios del mismo no pueden ser sino que las partes en el procedimiento (bien a través de su Procurador o bien personalmente -cfr. art. 28 de la LEC-).

 

 

3.      Formas de practicar los requerimiento

 

 

Con carácter general, las formas de practicar los requerimientos serán las

mismas que hemos analizado anteriormente para practicar las notificaciones, pero

en lugar de entrega de la copia literal de la resolución se le entregará al destinatario «el requerimiento que el Tribunal le dirija» (cfr. art. 152.1.3.ª), documentándose, en su caso, por medio de diligencia.

Ahora bien, la circunstancia de que en el requerimiento se admita la respuesta que diere el requerido (que se consignará sucintamente en la diligencia), lo que

no ocurre en los demás actos de comunicación (art. 152.3) hace pensar que los requerimientos deberán efectuarse siempre en forma personal. No obstante, la nueva Ley, en este sentido, tampoco es clara, ya que, por una parte, en el art. 28.1 dispone que el Procurador oirá y firmará, entre otros, todos los requerimientos que deban hacerse a su poderdante, añadiendo en el apartado 3 de

dicho artículo la salvedad de que la Ley disponga que se practiquen a los litigantes en persona. Por otra parte, al regular la ley la forma de practicar los distintos requerimientos en ocasiones se remite expresamente al art. 161 -forma personal- (v. gr. en el requerimiento de pago en el juicio monitorio -art. 815-), otras veces señala el domicilio como lugar del requerimiento -por tanto, forma personal- (v. gr. en el requerimiento de pago en ejecución dineraria -art. 582-) y otras veces no dice nada -por lo que se aplicarán las reglas generales- (v. gr. en el requerimiento de pago en el juicio cambiario

-art. 821- o en el requerimiento de designación de bienes en el embargo -art.

589- o en el requerimiento de la ejecución de obligaciones de hacer o no hacer

-art. 705-).Será, en definitiva, la práctica forense la que determine la forma concreta de practicarse los requerimientos que, a la postre, no se diferenciaran en gran medida de la forma en que se vienen practicando en la actualidad.

 

 

MANDAMIENTOS Y OFICIOS

 

 

1.      Concepto, objeto y naturaleza

 

Supone una importante novedad el cambio de naturaleza jurídica de estos actos de comunicación más acorde con la sistemática de la LOPJ -arts. 273 y siguientes- (que reserva el término «cooperación jurisdiccional» o «auxilio judicial» al prestado entre sí entre los órganos judiciales y cuyo único instrumento será el exhorto, de conformidad con los arts. 169 y siguientes de la nueva LEC).

Nos hallamos aquí ante actos de comunicación que se practican con otros órganos públicos de naturaleza no jurisdiccional y cuyo fundamento se encuentra en el deber general de auxilio a la justicia que exige el art. 118 de la Constitución.

Por ello, todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes (art. 17.1 de la LOPJ).

La nueva LEC no ha variado ni el concepto ni el objeto de estos actos de comunicación. Y así, de igual que los definía la antigua LEC, los mandamientos son los actos de comunicación que se utilizan para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los registradores de la propiedad, mercantiles, de buques, de venta a plazos de bienes muebles, notarios, corredores de comercio o agentes del Juzgado o Tribunal (art. 149.5 de la LEC) y los oficios son los actos de comunicación que se practican con autoridades no judiciales y

funcionarios distintos de los mencionados (art. 149.6 de la LEC). Quedan suprimidas las antiguas exposiciones por el anacronismo que representaban y dado que, en la práctica, apenas se diferenciaban de los oficios.

Si bien tanto la Constitución como la LOPJ incluyen como destinatarios del deber de colaboración con la justicia no sólo a las autoridades y funcionarios públicos, sino también a las personas y entidades privadas, la nueva LEC ha incurrido nuevamente en la omisión de no incluir como destinatarios de los oficios dichas personas y entidades privadas (v. gr. entidades financieras y bancarias) con la importancia práctica que tiene la colaboración de dichas personas, sobre todo en materia de ejecuciones dinerarias y embargos. Es de suponer que -como ocurre en la actualidad- se usarán los oficios para recabar la colaboración de personas y entidades privadas.

 

2.      Forma de practicar los oficios y mandamientos

 

Respecto a la forma de practicar estos actos de comunicación no existe novedad alguna en relación con la antigua LEC, salvo la posibilidad de poder llevarse a cabo por medios electrónicos, informáticos y similares, que constituye un claro acierto.

En efecto, de conformidad con el art. 167 de la LEC, los mandamientos y oficios

se remitirán directamente por el tribunal que los expida a la autoridad o funcionario a que vayan dirigidos, pudiendo utilizarse los medios previstos en el art. 162 (por medios electrónicos, informáticos y similares). No obstante, si así lo solicitaren, las partes podrán diligenciar personalmente los mandamientos y oficios.

En todo caso, la parte a cuya instancia se libren los oficios y mandamientos habrá de satisfacer los gastos que requiera su cumplimiento. Obsérvese que, a diferencia de los oficios y mandamientos, no se establece en la nueva LEC si los gastos originados para que se cumpla el fin efectivo de la comunicación podrán o no repercutirse finalmente al condenado en costas.

 

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